Beneficiarios de la corrupción en México

Por Enrique Pérez Quintana | Proyecto sin fin – El fenómeno de la corrupción es universal, se ha dado en todos los tiempos y en todas las culturas. México tiene fama de ser un país corrupto y de que los mexicanos participamos activamente de este problema con el que hemos convivido sin aparente conflicto. La corrupción se manifiesta en todos los niveles de la sociedad lo que implicaría que hemos logrado construir un complicado sistema de simulación del que muchos se benefician.

Se considera que la corrupción daña a la sociedad porque obstaculiza la construcción de un Proyecto de Nación, por ello es castigada por el Estado, aunque es sabido que en los altos niveles del poder suelen darse actos de corrupción en lo político y en lo económico que afectan  la credibilidad de la sociedad en las instituciones.

Algunos países en el mundo presumen de una alta moralidad y combaten la corrupción imponiendo valores a su propia sociedad y exportando hacia el mundo lo que autocalifican como un modelo a seguir en cuanto a la observación y respeto a las leyes que impiden su avance.  Naciones como México han intentado imitar esta observancia del marco legal como principio para la construcción de una sociedad equitativa, igualitaria, democrática y sin corrupción, pero a pesar de las buenas intenciones de los gobernantes la necia realidad mantiene vigente y anclada esta forma de relación que opera de manera transversal en la sociedad.

La corrupción en México es un problema social, económico, político y cultural. Enrique Peña Nieto estableció como uno de sus compromisos terminar con la corrupción y tomó la decisión de cerrar la institución encargada de combatirla –Secretaría de la Función Pública- y crear la Comisión Anticorrupción.

Asimismo, se promovieron cambios a la Ley Federal de Transparencia para aumentar las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) con el propósito de transparentar las políticas públicas y las acciones de los funcionarios y los organismos e instituciones.

La organización no gubernamental Freedom House elaboró y divulgó con datos del Banco Mundial su reporte “Países en la encrucijada” donde informa que el costo de la corrupción en México, para ciudadanos y empresas, es de un billón 404 mil millones de pesos, cantidad que equivale a 9 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresa (ENVE) 2012 del Instituto Nacional de  Estadística y Geografía (INEGI), el costo total que la inseguridad y el delito tienen en las unidades económicas del país es de 115 mil 200 millones de pesos al año, lo que equivale a 0.75 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). El delito más cometido durante 2011  fue actos de corrupción con 24.7 por ciento, seguido de robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes con 22.6 por ciento. La extorsión representó 14.5 por ciento de los incidentes, el robo hormiga 11.9 por ciento y el fraude 8.5.

Estos datos configuran la justificación por la cual el combate a la corrupción es un enorme desafío para el gobierno que inicia Peña Nieto. No obstante, los instrumentos seleccionados por el nuevo gobierno están enfocados en atacar este fenómeno principalmente en el sector público. Recientemente fueron reveladas en los medios de comunicación algunas acciones de corrupción que involucran a grandes empresas que se han beneficiado al corromper a los funcionarios públicos, aunque aparecen ante la opinión pública como víctimas.

El periódico norteamericano The New York Times publico que la cadena comercial Wal-Mart “no fue víctima sino corruptor creativo y agresivo en sus negocios en México, dio grandes sumas para obtener lo que la ley prohibía. Identificó 19 lugares en México que fueron blanco de los sobornos, incluido un Sam’s Club junto a la Basílica de Guadalupe y otro supermercado cerca de las pirámides de Teotihuacán. Wal-Mart no fue víctima de una cultura de la corrupción”.

Medios de comunicación de México publicaron el acuerdo entre las autoridades estadunidenses y el banco HSBC que obliga “el pago de casi 2 mil millones de dólares para resolver acusaciones de lavado de dinero en México y otros países”. El banco evitó así cargos por violar varias leyes de Estados Unidos. HSBC trasladó, entre 2007 y 2009, de México a Estados Unidos por lo menos 7 mil millones de dólares.

Ingresar al siglo XXI con la pretensión de que México se transforme en un país de leyes, tiene como obstáculo combatir el lastre de la corrupción, esa práctica que permite simular a los grandes empresarios un altruismo para evadir impuestos, al ministerio público simular la impartición de justicia y con ello tolerar la impunidad, al maestro simular que enseña, al alumno simular que aprende, al gobernante simular que es eficaz, al banquero simular que cuida el dinero ajeno, al legislador simular que hace buenas leyes, a los religiosos simular que no aman el dinero.

Cuando realmente terminemos con el sistema de simulación que por siglos hemos montado y estemos dispuestos a cambiar la necia realidad, será posible avanzar en la construcción de un país de leyes, equitativo, de relaciones honestas y confiables.

Mientras haya impunidad será difícil creer en las buenas intenciones.