Calderón enlodó todo, inclusive al Ejército

Los laureados y presuntos logros emblemáticos del gobierno de Felipe Calderón se derrumban. La fabricación de pruebas y las acusaciones sustentadas en los dichos —no corroborados— de “testigos protegidos”, fueron parte fundamental de la estrategia del ex presidente en la lucha contra el crimen organizado. Su propósito por cumplir lo convenido en el Plan Mérida, lo llevó a encarcelar a funcionarios, acusándolos de corrupción y nexos con el narcotráfico. Y, lo peor: su afán de verse admirado como el salvador de México, lo condujo a enlodar todo, hasta al Ejército.

Desde su primer día como Presidente de México, Calderón demostró un especial interés por la seguridad pública y anunció un incremento al salario de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas. Diez días después, el 11 de diciembre de 2006, dio a conocer el Operativo Conjunto Michoacán, que resguardaría la seguridad en su estado natal, luego de la violencia desatada entre los grupos del narcotráfico, que habían perpetrado más de 500 asesinatos en menos de un año.

Posteriormente, presionado por quedar bien con Estados Unidos —donde casualmente ahora vive e imparte una cátedra en la escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard—, Calderón ordenó, en el 2008, a la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo entonces de Eduardo Medina Mora, que se pusiera en marcha la denominada Operación limpieza, con la que se pretendía depurar la infiltración del narcotráfico en las altas esferas del gobierno mexicano.

Sin embargo, con la Operación Limpieza se multiplicaron tanto los testigos protegidos, que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), dependiente de la PGR, se ahorró su propio trabajo, privilegiando en sus indagatorias a “informantes” blindados que recibieron, a cambio de sus testimonios de haber presenciado todos los delitos del mundo, protección y hasta un sueldo mensual de 50 mil pesos.

La delirante obsesión de Calderón por demostrar la “eficacia” de su política de seguridad y de cambiar la mala reputación de México en el extranjero —no olvidemos The Royal Tour, la serie de promocionales turísticos que invitaban a conocer las riquezas naturales del país— le hicieron construir, mediante funcionarios ineficientes y mentirosos, como Genaro García Luna, un lodazal y un vórtice de violencia que arrojaron escalofriantes resultados: la división interna del Ejército y las corporaciones policiacas; alrededor de 100 mil muertos, 300 mil desaparecidos y un millón y medio de desplazados. Sin que nadie le pusiera freno, el hombre se dio hasta el lujo de pervertir a la justicia, al usarla para destruir a sus adversarios políticos.

El caso Angeles Dauahare

Sin duda, el caso más emblemático del pasado sexenio contra las supuestas redes de corrupción del narcotráfico y de un expediente fabricado (producto de la complicidad de Marisela Morales Ibáñez, entonces titular de la PGR, con el régimen mentiroso de Calderón) fue el caso del general Tomás Ángeles Dauahare, detenido —junto con otros cinco militares— el 15 de mayo de 2012.

Ante las endebles evidencias presentadas por el Ministerio Público federal en contra del militar, que se basaban en dichos de ilustres delincuentes conocidos con los alias de “Jennifer” —el abogado Roberto López Nájera— y “Mateo” —el narcotraficante Sergio Villarreal “El Grande”, extraditado a Estados Unidos—, la nueva PGR decidió desistirse de las acusaciones y el ex subsecretario de la Defensa Nacional logró su libertad, el pasado 17 de abril.

El ex número dos de la Sedena durante la administración calderonista no descartó la posibilidad de que las acusaciones en su contra hayan sido motivadas por su participación, el año pasado, en un foro sobre seguridad nacional, organizado por la Fundación Colosio. Durante su disertación, manifestó su desacuerdo con la estrategia sangrienta emprendida por el Ejecutivo para acabar con la delincuencia organizada.

Aunado a ello, se rumoró que la imputación y detención del general tenía el sello del gobierno federal panista, quien, en su afán de mantener la Presidencia, pretendía golpear la campaña del entonces puntero en las preferencias electorales, Enrique Peña Nieto.

Ramírez Mandujano, otro salpicado en el “cochinero”

El ex subprocurador de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, acusado, en la “Operación Limpieza’’, de nexos con el cártel de Los Beltrán Leyva, fue exonerado el pasado 15 de abril, luego de permanecer cuatro años, tres meses y 25 días en el Centro Federal de Readaptación Social de “El Rincón’’, en Nayarit.

La acusación contra el ex zar antidrogas se sustentó, básicamente, en lo que declaró el testigo protegido estrella de la PGR, “Jennifer”. Otros testimonios comprados, que imputaron acusaciones “por oídas” al ex procurador, fueron los de “Moisés”, “Saúl” y “David”, militares y ex funcionarios de la SEIDO, el primero, preso en el Penal de Occidente, y los otros en libertad.

Pero ante las inconsistentes imputaciones, Ramírez Mandujano acusó a la PGR y a sus testaferros de mentir y falsear pruebas, premeditadamente, en su contra.

Precisamente, gracias a esos ex delincuentes, el gobierno calderonista se vanaglorió de la captura de importantes capos. De acuerdo con el cable diplomático 08MEXICO1766_a, difundido por WikiLeaks y enviado el 9 de junio de 2008.

Cassez, Hank Rohn y Greg Sánchez

El pasado 23 de enero, la ciudadana francesa Florence Cassez logró su libertad, y no precisamente por demostrar su inocencia —de los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército—, sino por las irregularidades detectadas durante su aprehensión, de las cuales fue responsable el dedo chiquito de Calderón, Genaro García Luna, quien tuvo primero el título rimbombante de director de la Agencia Federal de Investigación, y después, gracias al “montaje” televisivo de la detención, logró su ascenso como titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

A esos fracasos, habría que agregar las relevantes pifias cometidas por Morales Ibáñez, quien tuvo a su cargo presuntas investigaciones y las aprehensiones de los ex alcaldes de Tijuana, Jorge Hank Rhon, y de Cancún, Greg Sánchez. Las acusaciones contra ellos, fabricadas por testigos protegidos, obviamente se derrumbaron.

Calderón enlodó todo, inclusive al Ejército

(Aut. Manuel Cabrera)