*Caso Veracruz: otra denuncia *Zambrano acusa a Rosario

Pulso Político de Francisco Cárdenas Cruz | El caso Veracruz y los preparativos de funcionarios federales y estatales de la Secretaría de Desarrollo Social y del gobierno priísta de ese estado para utilizar los programas de esa dependencia en la compra de votos en las elecciones de diputados locales y presidentes municipales del primer domingo de julio, volvió a cobrar vigencia con la denuncia penal que el presidente del PRD, Jesús Zambrano, presentó ayer en la Procuraduría General de la República contra la titular de esa dependencia, Rosario Robles.

Abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y peculado, son los delitos que le imputa el sonorense, después de que el presidente del PAN, Gustavo Madero, la acusó, junto con el mandatario veracruzano, Javier Duarte, de montar una “red electoral” para favorecer a los candidatos del PRI, a cambio de beneficiar a los votantes con los programas de la Sedeso, lo que en su momento llevó a ambos dirigentes de oposición a retirarse momentáneamente del Pacto por México, hasta que con un controvertido agregado, el adéndum, aceptado y suscrito por el presidente Enrique Peña y por quien lo es de su partido, César Camacho, se acordó “blindar” los comicios que habrá en 14 entidades federativas, con el compromiso de que se cumpla la ley –lo que para el mexiquense es obligatorio desde el momento mismo en que protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, y que lo es también para quienes lo suscribieron- y sancionar “a quienes hayan cometido y cometan delitos electorales”.
Lo menos que cualquier ciudadano se pregunta hoy es si la Carta Magna, “y las leyes que de ella emanen” son para cumplirse -aun sin adéndum- o para, en este caso en materia electoral, seguir violándose, como ocurre proceso tras proceso, federal, estatal o municipal, lo que ha sido, sexenio tras sexenio, reiterada queja de dirigentes y candidatos y del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional.
El caso descubierto en Veracruz le costó el cargo solamente al ex secretario de Finanzas de ese gobierno, Salvador Manzur, no así, hasta ahora, a los otros 56 funcionarios federales y estatales, incluido el delegado de la Sedeso, Ranulfo Márquez Hernández, supuestamente “separado del cargo”, según anunció la titular de esa dependencia, pero de quien se sabe que ha seguido operando los preparativos de la “red electoral”, como si nada hubiera pasado.

Duarte, acusado también ante la PGR por el PAN, se mofa de esa denuncia y de la solicitud de juicio político que ese partido y el PRD presentaron ante la Cámara de Diputados, y las calificó de “pura grilla”, sabedor, como aquí lo hemos apuntado, de que nada sucederá y que los delitos electorales, en los que presuntamente incurrió con sus colaboradores, la Fiscalía que debería investigarlos, no lo hará en este caso, como tampoco en ninguno anterior.

Más allá, como se asegura, de que la acusación de Zambrano contra quien ocupara el cargo que hoy ostenta, es una “venganza” contra Rosario Robles por haber aceptado figurar en el gabinete del gobierno federal priísta del presidente Peña, esta segunda denuncia debería ser investigada por la PGR.

Y es que cuando el PAN hizo lo propio hace casi un mes, el 17 de abril pasado, esa dependencia mostró desinterés en hacerlo, como si se tratara de dejar que el paso del tiempo haga olvidarlo todo.
Es difícil que eso pudiera ocurrir de cara a los procesos electorales que habrá dentro de mes y medio en 14 estados, en los que, igual que en Veracruz -aun cuando hasta ahora no se haya hecho pública una denuncia similar- los delegados de las dependencias federales priístas, que lo son todos, en coordinación con gobernadores y dirigentes estatales de su partido, preparan con esmero la forma en que cumplirán la encomienda de “entregar los mejores resultados al partido”.

Esa ha sido una queja constante de legisladores federales y locales y líderes panistas y perredistas, ante lo que sucede en sus estados, en los que la maquinaria electoral de “el nuevo PRI”, se alista a volver a arrollar a una oposición de derecha e izquierda que no está dispuesta a sucumbir.

Las denuncias que los presidentes de Acción Nacional y el sol azteca han presentado en la PGR, son alertas que no deben ser soslayadas porque la noche del primer domingo de julio, pasadas las elecciones, podrían sonar ensordecedoramente en casi la mitad de la República.
                                                                                                 

De esto y de aquello...

Francamente risibles, las medidas que anuncian los gobiernos del Distrito Federal, Puebla y Morelos, para evacuar a los habitantes de los lugares aledaños al volcán Popocatépetl ante la conversión de las exhalaciones que se han registrado en los últimos días y el riesgo de una erupción… Para empezar, quienes viven en sus faldas, se resisten a abandonar sus casas porque no es la primera vez que las autoridades propician alarmas infundadas sobre lo que realmente podría ocurrir y temen que, si nada sucede, sean saqueadas por quienes supuestamente acudan a protegerlas… Por otro lado, quienes viven desde hace muchos años cerca del volcán, en los que nunca se ha producido una erupción, no toman en serio las medidas precautorias y, hasta ahora, al menos en las entidades cercanas a “Don Goyo”, ninguna autoridad, ni estatal, ni municipal, ni mucho menos federal, tienen la más remota idea de qué hacer en caso de que llegara a suceder… Ah, pero eso sí, a cual más de ellas ya han solicitado recursos para algún caso de emergencia, recursos de los que nadie sabrá, finalmente, su destino… Tras la captura del autor intelectual del asesinato de los hermanos Diego y Alejandro Páramo González, la PGR lo trasladó de inmediato a la ciudad de México para ser interrogado, sobre el móvil real de esos hechos que causaron consternación e indignación, dentro y fuera de esa entidad… Como se recuerda, las víctimas eran hijos de los periodistas David Páramo y Martha González Nicholson y desde hace años residían con ella en la capital de la entidad norteña y se espera que una vez que concluyan los interrogatorios se dará la información del caso… Por más que en el Gobierno del Distrito Federal y en la Procuraduría de Justicia capitalina se niegue la identidad del “Alfa 3”, el funcionario o jefe policíaco con el que Dalia Ortega de la Vega amenazó a los uniformados que los cesarían cuando la detuvieron en completo estado de ebriedad, por arrollar a una mujer que ayer falleció, sus jefes deberían revelarlo… Esta es otra cortina de humo que el titular del gobierno capitalino, Miguel Angel Mancera, tiende para ocultar lo que debería ser, como lo ofreciera durante su campaña, transparente…

Su procurador, Roberto Ríos Garza, negó de plano que haya algún jefe policíaco con esa clave porque en el GDF ni en la Procuraduría, utilizan la de “Alfa” sino la de “Apolo”, lo que en resumidas cuentas viene a ser lo mismo: funcionarios que se convierten en protectores de quienes incurren en delitos… La situación legal de la llamada “Lady de la Roma” empeoró al fallecer la señora Laura Rodríguez, a la que la ebria conductora atropelló, por lo que su delito ahora es el de homicida culposa y ni “Alfas” ni “Apolos” evitarán que su cruda moral se prolongue varios años… Por cierto que Mancera tendrá que empezar a darse cuenta de que muchos de los que votaron a su favor y que francamente tenían otra opinión de él, no ocultan su decepción por los tropiezos que sigue teniendo sin que haya quien se los haga ver… Lo de declarar el fin de semana la precontingencia ambiental, duplicar el Hoy no Circula y permitir que una caravana de motociclistas, contaminaran el ambiente, le sigue costando rudas andanas de los conductores cuyos vehículos fueron enviados a los corralones… Por tratar de ocultar información sobre la identidad de los dos ciudadanos españoles ejecutados en Sinaloa, al gobierno de ese país se le ha enredado el caso, sin haber razón aparente para ello… Desde que el viernes pasado fueron hallados los cadáveres de ambos con huellas de tortura e impactos de bala, en el interior de un vehículo sumergido en un canal de riego de Culiacán, las autoridades los identificaron como Fernando Carmona Romero, de 57 años, y José Montoya Lozada, de 50, y así lo informaron a los medios de comunicación… Sin embargo, el gobierno de España se negó a proporcionar informes sobre su identidad y remitió a la embajada de ese país en México el encargo de recabar los informes correspondientes, los que si bien transmitieron a los familiares de las víctimas, se han rehusado a confirmar, lo que motiva especulaciones a través de las redes sociales… Por cierto que al gobernador aliancista de Sinaloa, Mario López Valdez, no le quedó más remedio que admitir que ese doble homicidio deja “mal parado al estado” porque es un asunto que ha tenido “mucho ruido internacional”… Precisó el mandatario que las víctimas no eran turistas, como se creyó en principio, sino que, de acuerdo a las investigaciones realizadas, eran comerciantes que vendían prendas de vestir y diversos artículos… Ahora Culiacán -y Mazatlán mismo, que con frecuencia ha sido escenario de cruentos enfrentamientos- como antes Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta y otros destinos turísticos pasa a la lista negra en donde la violencia impera, a pesar del optimismo gubernamental de que “ha descendido”…

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