Condiciona EU entrega de 234 mdd, a revisión Iniciativa Mérida

Que México castigue violaciones a los derechos humanos, piden en el Congreso estadunidense; buscan afianzar temas como la prevención del delito y no tanto la persecución de los criminales.

El gobierno de Estados Unidos condicionará la entrega de fondos para la Iniciativa Mérida a que México prevenga y castigue las violaciones a los derechos humanos.

El informe “Mexico and the 112th Congress”, del Servicio de Investigaciones del Congreso de EU, consigna que la entrega de 234 millones de dólares quedaría restringida a que el gobierno federal ponga fin a la impunidad, a resultados concretos y al respeto a las garantías individuales en las acciones contra el narcotráfico.

El documento, que cita a fuentes que conocen el caso, señala que dicha restricción no sorprendió a los representantes de los gobiernos estadunidense y mexicano que se reunieron la semana pasada para hacer una revisión de la Iniciativa Mérida y preparar adecuaciones al respecto.

El reporte del Servicio de Investigaciones del Congreso estadunidense documentó que la administración de Barack Obama solicitó 269.5 millones de dólares para ayudar a México —de los cuales 234 millones son para la Iniciativa Mérida—, fondos que la pasada legislatura del Congreso recomendó aumentar.

El documento del Congreso de la Unión Americana refiere la necesidad urgente de que el  gobierno mexicano promulgue una reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar para que las violaciones graves a los derechos humanos sean investigadas y litigadas por la justicia civil.

Atan el plan Mérida a derechos humanos

México y EU buscan afianzar temas como la prevención del delito y no tanto la persecución de los criminales.

La entrega de fondos estadunidenses provenientes de la Iniciativa Mérida busca condicionar el trabajo que se realiza en México en materia de derechos humanos.

Una delegación de Estados Unidos integrada por diferentes dependencias tuvo esta semana reuniones con funcionarios del nuevo gabinete de seguridad para hacer un corte de caja y continuar conversaciones iniciadas durante la transición sobre un  posible ajuste a la Iniciativa Mérida.

Se abordaron los lineamentos de la colaboración bilateral con las prioridades de seguridad del nuevo gobierno, con énfasis en mayor atención a la seguridad ciudadana.

En ese marco, un informe del Congreso estadunidense señaló que la entrega de futuros fondos podría ser condicionada a la situación sobre derechos humanos.

Un reporte del Servicio de Investigaciones del Congreso estadunidense consignó que la administración de Barack Obama solicitó 269.5 millones de dólares en ayuda para México —incluso 234 millones en el marco de la Iniciativa Mérida— y que la pasada Legislatura el Congreso recomendó aumentarla.

Pero precisó que la entrega de los fondos correspondientes a la Iniciativa Mérida quedaría condicionada a la prevención y castigo a violaciones en materia de  derechos humanos.

Ambos gobiernos están inmersos en conversaciones sobre el cambio de énfasis de la estrategia, de una de ataque y confrontación a los cárteles del narcotráfico a una de mayor protección y seguridad a la ciudadanía.

Una pequeña delegación estadunidense “de nivel técnico” efectuó esta semana reuniones con funcionarios del nuevo gabinete de seguridad mexicano para empezar a conjugar los nuevos intereses, aunque en círculos políticos y diplomáticos se ha llegado a hablar de un cambio de nombre para el programa iniciado en 2008.

El texto señaló que los Comités de Apropiaciones del Senado y de la Cámara de Representantes recomendaron cada uno por su parte aumentar la ayuda a México, con condicionantes en materia de derechos humanos.

En otras palabras, el documento titulado Mexico and the 112th Congress indica que el gobierno mexicano se tendrá que aplicar en la prevención y castigo a las violaciones de los derechos humanos, en especial las perpetradas por el Ejército y las policías locales y federales si no quiere enfrentar restricciones en la entrega de recursos, equivalente a más de tres mil 400 millones de pesos mexicanos.

El reporte adelanta que el éxito del presidente Enrique Peña Nieto en su estrategia será medido a través de la reducción de homicidios y otros crímenes, y no por las drogas confiscadas ni por el arresto de los principales líderes del narcotráfico.

“Aunque el presidente Peña Nieto ha dicho a los medios de difusión de Estados Unidos que su gobierno no abandonará la lucha contra el crimen organizado, el objetivo más importante de su estrategia de seguridad es mejorar las condiciones dentro de México”, dice el documento rubricado por Clare Ribando Seelke, especialista en asuntos de América Latina.

Concretamente se refirió a la necesidad urgente de que el mandatario mexicano promulgue la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar para que las violaciones graves a los derechos humanos sean investigadas y litigadas en cortes civiles.

En octubre de 2010 la reforma fue sometida sin éxito al Congreso por el entonces presidente Felipe Calderón, para que por lo menos ciertas violaciones a los derechos humanos quedaran en manos de los juzgados civiles. En 2012 hubo dos nuevos intentos de someterla nuevamente a votación, pero fue bloqueada en el Senado.

“Promulgar la reforma al artículo 57 del código militar puede convertirse en un asunto de mayor urgencia para la administración de Peña Nieto ahora que la Suprema Corte está en proceso de crear un precedente legal obligatorio para determinar la jurisdicción de los casos que involucran presuntas violaciones a los derechos humanos perpetradas contra civiles”, dice el informe.

El documento fechado este 29 de enero indica que los cambios aprobados en 2012 a la sección 620J de la Ley de Asistencia al Exterior de 1961 (Foreign Assistance Act), impiden que los países en cuyas fuerzas de seguridad se hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos reciban toda la ayuda exterior aprobada.

“Un individuo o unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero tiene prohibido recibir la asistencia si el secretario de Estado recibe ‘evidencia creíble’ de que tal individuo o unidad han cometido ‘una grave violación a los derechos humanos”, dice dicha sección de ley que en lo concerniente a la Iniciativa Mérida cambió a 620M.

Las denuncias de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por elementos de las  fuerzas policiacas estatales y federales, y por miembros del Ejército se han multiplicado últimamente a través de los informes de organismos de defensa de los derechos humanos de México y del exterior.

De enero de 2007 a mediados de noviembre de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió informes detallados de 109 casos en los que detectó que miembros del Ejército han cometido graves violaciones a los derechos humanos, dice por ejemplo el Informe Mundial 2013 de Human Rights Watch.

El documento señala la creciente importancia de la Iniciativa Mérida en la relación bilateral. La Iniciativa Mérida surgió de una propuesta del entonces presidente Felipe Calderón a su homólogo George W. Bush, cuando éste visitó México en marzo de 2007, para que Estados Unidos ayudara en el combate a las drogas, al crimen y al tráfico de armas.

Giro en el plan

Estados Unidos y México tienen conversaciones sobre el cambio de énfasis de la estrategia antinarco.

El gobierno de EU plantea la necesidad urgente de que el presidente Enrique Peña Nieto promulgue la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar para que las violaciones graves a los derechos humanos sean investigadas y litigadas en cortes civiles.

El Informe Mundial 2013 de Human Rights Watch señala que para este año fiscal, que comenzó el 1 de octubre del 2012 y termina el 30 de septiembre, la Iniciativa contempla endurecer los castigos por el contrabando en la aviación y los lineamientos para dictar sentencias por la construcción de túneles fronterizos, al otorgar autoridad legal a un programa fronterizo bilateral denominado  BEST (Enforcement Security Task Force) o Fuerza de Tareas para la Coerción de la Seguridad.

El documento refiere que “los funcionarios estadunidenses y mexicanos ahora hablan con frecuencia de las organizaciones del tráfico de drogas como organizaciones criminales transnacionales debido a que se han enganchado crecientemente a otras actividades que incluyen el tráfico de personas, secuestro, el robo a mano armada y la extorsión”, que propició la política del entonces presidente Felipe Calderón de dar prioridad a la “guerra contra el narcotráfico” y el combate al crimen organizado.

Por Manuel Cabrera | www.excelsior.com.mx