La Suprema Corte enfila un proyecto para liberar a la sobrina política del fiscal Gertz

La Suprema Corte de Justicia de México ha abierto la puerta a la liberación de la familia política del fiscal Alejandro Gertz Manero. Según documentos publicados por el máximo tribunal de justicia, uno de sus ministros ha propuesto un proyecto para otorgar los amparos a la sobrina política, Alejandra Cuevas, y su madre, Laura Morán, ambas acusadas de provocar la muerte de Federico, hermano del procurador. La Corte había sesionado el pasado 14 de marzo para atender los recursos presentados por las acusadas, pero fallaron para aplazarlo con el fin de revisar el caso en profundidad. La decisión, según se excusaron entonces, fue para evitar seguir dilatando la situación judicial de las dos mujeres y tomar una resolución definitiva. De ser aprobado el nuevo proyecto, que será votado el próximo lunes, la justicia deberá garantizar la inmediata libertad de Cuevas, que lleva más de 500 días en prisión, y suspender la orden de aprehensión contra Morán.

El encargado de realizar el análisis de fondo y proponer una nueva resolución sobre el tema fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. La propuesta se enfila con lo que pidieron en la sesión pasada cinco miembros del tribunal, que ya han adelantado que apoyan la liberación inmediata de la sobrina política del fiscal. Cuevas y Morán llevan en la odisea judicial contra el procurador mexicano desde septiembre de 2015, cuando falleció Federico Gertz. Tras convivir durante décadas con su pareja, el hermano del fiscal enfermó en agosto de ese año y murió semanas más tarde en el hospital. La causa, según los médicos, fue una “congestión visceral generalizada”. Alejandro Gertz, en aquel momento rector de la Universidad de las Américas A. C., denunció por homicidio a su cuñada, que ahora tiene 95 años, y a la hija. Las acusaba de no haber dado los cuidados necesarios a su hermano.

El Ministerio Público de Ciudad de México archivó la denuncia unos meses después, y no fue hasta que Gertz estuvo al frente de la Fiscalía General de la República, en 2019, que la causa fue reabierta. Los investigadores procesaron a las mujeres en julio de 2020 y tres meses después detuvieron a Cuevas. Morán nunca fue aprehendida, pero cuenta con una orden en su contra que quedaría sin efecto de ser aprobado este proyecto. “Los hechos que se constatan no permiten hallar cuerpo del delito ni probable responsabilidad atribuibles a la quejosa”, defiende ahora el proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena.

Un tribunal sentenció a Morán como responsable de la muerte por haber sido “garante de la vida” de Federico Gertz debido a la relación de concubinato que mantenían. Mientras que a Cuevas específicamente le condenó por su rol en la muerte porque “al participar con su madre, aceptó de manera accesoria la custodia de la vida del señor”. Así lo establece el fallo objetado por el amparo: “La Sala observó que todas las circunstancias que rodearon el hecho revelaban que en todo momento participó activamente con su madre en las decisiones que se tomaban a propósito de la salud y los cuidados de quien murió finalmente. Por lo tanto, la Sala estableció que ambas propiciaron que Federico Gertz llegara al estado de salud que finalmente le ocasionó la muerte”.

El proyecto del ministro de la Corte tira ahora por tierra la teoría de ese fallo, impulsada por la Fiscalía, por reproducir estereotipos de género. “No basta que la quejosa fuera la hija de la pareja sentimental del fallecido, para atribuirle, de forma abstracta y general, la posición de garante en custodia efectiva de la vida de éste. Entenderlo así reproduce estereotipos de género, basados en expectativas sociales idealizadas sobre el cuidado que las mujeres deben procurar hacia sus ascendientes o parientes mayores”, dice el documento publicado este martes.

En cuanto al rol de Morán en la muerte, el proyecto establece que no está claro qué podría haber hecho para evitar la muerte de su pareja. “No existe material probatorio allegado al proceso mediante el cual se acredite que la quejosa omitió conducirse de acuerdo con el nivel de deber de cuidado que razonablemente puede exigirse a quien integra una relación íntima y de mutuo respeto, como el concubinato”, dice el documento. Además destaca que se trataba de una mujer “de edad avanzada” cuando ocurrieron los hechos, que “actuó bajo el reconocimiento de que le resultaba necesario buscar apoyo en el cuidado de su pareja y, para ello, contrató los servicios de una agencia que proveía cuidadores y enfermeros especializados”. El trasfondo del proyecto señala que existe en la condena contra la mujer un reproche que la obligaba a lo imposible: prever y evitar la muerte.

El Supremo atrajo los recursos el pasado noviembre en plena escalada mediática del caso. Zaldívar dijo entonces que la decisión de atraer el tema se debía a “la afectación que está generando a la honorabilidad de la Fiscalía”, a cargo de un personaje señalado múltiples veces de usar el peso de la justicia para perseguir sus intereses e inclinar la balanza a su favor. De salir adelante este proyecto el lunes, implicaría un enorme golpe al fiscal, que ha hecho del encarcelamiento de su familia política su lucha personal.