Las cuentas pendientes de Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco enfrenta otro partido más en su carrera como gobernador de Morelos. A las acusaciones de enriquecimiento ilícito y los intentos por desaforarlo, así como la polémica por las fotografías donde posa junto a presuntos narcos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un informe en el que señala un desvío de 85 millones de pesos a la Hacienda Pública Federal, principalmente en materia de adquisiciones.

Los recursos que la ASF auditó en septiembre de 2021 son parte del ejercicio de 2020 que el estado de Morelos recibió como parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) destinados a la disminución de los índices delictivos, así como para la capacitación y equipamiento de la policía.

De acuerdo con el informe de la ASF, destacan dos solicitudes de aclaración por el destino de un centenar de armas.

La primera es derivada de un convenio entre la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la compra de armamento y municiones de la que no se presentó evidencia de haberse formalizado ni entregado 80 pistolas calibre 9×19 milímetros, marca IWI, 30 fusiles de asalto calibre 5.56 por 45 mm, de la misma marca, 10 millares de municiones cartucho calibre 9 mm Luger, marca Federal American Eagle Full Metal Jacket. Esas armas fueron pagadas con recursos del FASP por 2 millones 577 mil 632 pesos que, hasta la fecha de la auditoría –septiembre de 2021– no había sido aclarado y por la que la ASF emitió la solicitud con el folio 2020-A-17000-21-1007-03-001.

En la segunda solicitud de aclaración, la ASF refiere que la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) se comprometió a entregar las facturas de los depósitos para la compra de 140 fusiles calibre 5.56×45 mm, una pistola 9×19 mm, 100 mil cartuchos calibre 5.56×45 mm, y 150 mil cartuchos 9 mm por un total de 8 millones de pesos por concepto de bienes pagados a la Sedena con recursos del FASP, pero no suministrados.

Otras irregularidades, etiquetadas como “Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria”, fueron respecto a la videovigilancia del estado, pues la CES no presentó evidencia que justificara la renovación del contrato de “Servicios de conectividad C5” por adjudicación directa, pagado con fondos federales. Una situación similar ocurrió con la adjudicación directa en el rubro de adquisición de bienes para bases de datos y unidades de la Policía Cibernética, además de compra de equipo electrónico, mobiliario y software.