* Abuso militar * Fracaso panista al intentar enjuiciar a fuerzas armadas

ALTO PODER | Por Manuel Mejido | El presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete tendrán que hacer una operación de cirugía mayor para garantizar que los militares que cometan un delito sean enjuiciados por la justicia civil y que el Ejército, que desde diciembre de 2006 puso Felipe Calderón en las calles más para defender su fraude electoral que para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, vuelva paulatinamente a sus cuarteles.

 

Desde el momento en que se empleó a las fuerzas armadas como policías para resguardar la seguridad pública, se les ubicó en labores metaconstitucionales, porque su obligación es preservar la seguridad nacional y las fronteras.

Durante el sexenio de Felipe Calderón fueron juzgados 10 mil militares por 101 delitos graves que van desde el asesinato, las ejecuciones extrajudiciales, las violaciones, cultivo y transportación de droga, la tortura, el abuso sexual e inhumaciones y exhumaciones clandestinas.

 

Esta situación se pudo conocer hasta el gobierno priista debido a que se tuvo que satisfacer la solicitud de información 0000700175512. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha emitido cientos de recomendaciones a las secretarías de la Defensa y Marina, que escuchan o desoyen los militares, de acuerdo a como les conviene y escudados en su condición de defensores de la soberanía nacional.

 

Todo lo malo o sospechoso que hacen lo pasan como necesidades de la seguridad de la República. Todavía se encuentran más de dos mil uniformados a la espera de sentencia por parte de la justicia militar, que ya dictó sentencia contra siete mil 557, quienes fueron condenados por los delitos graves en que incurrieron, incluyendo los irreparables «daños colaterales», como los asesinatos de inocentes, el último de los cuales se registró el 28 de diciembre en Córdoba, Veracruz, en donde murieron cuatro personas en un operativo realizado por 30 soldados.

El Presidente de la República debe poner en acción todos los planes elaborados por su gabinete para evitar la permanencia del Ejército en las calles, sin herir la dignidad de las fuerzas armadas, pero fijando perfectamente sus radios de acción, sobre todo en estos momentos cuando los estados de México y Nuevo León, ante la creciente ola de asesinatos en sus respectivos territorios, piden nuevamente la intervención castrense.

* Fracaso de juicios militares

El abuso irresponsable de Felipe Calderón del Ejército, antes visto por el pueblo con respeto y con gran cariño, tornó esa visión por la del miedo y el terror que les provocan los uniformados. De un sexenio a otro, las fuerzas armadas, de defensoras de la Nación se convirtieron en hordas de violadores, torturadores, asesinos y secuestradores, de acuerdo con los juicios que se han llevado, a puerta cerrada, en la Sedena, donde fueron condenados, en los últimos seis años, por esos delitos, muchos militares, desde un general hasta los soldados rasos.

 

Ante la evidencia de los abusos cometidos por uniformados, la Cámara de Diputados analiza reformar el Artículo 57 del Código de Justicia Militar para que ese tipo de delitos, cometidos por militares, sean juzgados por las autoridades civiles, como ocurre en todo el mundo civilizado.

Durante la presidencia de Vicente Fox, fueron detenidos, juzgados y encarcelados con todo el escándalo mediático los generales Francisco Quiróz Hermosillo, Arturo Acosta Chaparro y Javier Barquín Alonso, acusados de homicidio múltiple de 143 personas, ocurridos entre 1975 y 1979, durante lo que se llamó «guerra sucia».

 

Más que justicia, lo que pidió Fox a su secretario de la Defensa, fue un auto de fe, al estilo de Savonarola (la Inquisición en Italia), en las que se echaron a la hoguera a esos generales que, en su momento, cumplían órdenes de los Jefes Supremos del Ejército.

 

En mayo de 2012, Felipe Calderón dio otro palo de ciego, pero en esa ocasión en contra de los generales de división Tomás Ángeles Dauhare, Ricardo Escorcia Vargas, Rubén Pérez Ramírez; así como el brigadier Roberto Dawe González, el teniente coronel Silvio Hernández Soto y el mayor Rubén Reyna Muñoz, acusados de narcotráfico.

Los militares fueron aprehendidos y encarcelados. Pero, la Procuraduría General de la República, se desistió, esta semana, de esas acusaciones y con ello les abrió las puertas de la prisión.

* Desmedida compra de armas

También resulta inaceptable que las secretarías de la Defensa y Marina actúen por encima de la ley, especialmente ignorando cualquier vigilancia o contraloría por parte del gobierno. A nadie rinden cuentas de sus adquisiciones y siempre invocando la seguridad nacional, no adquieren bienes ni servicios por licitación. Lo hacen por adjudicación directa.

Cuantiosas comisiones reciben quienes hacen esas compras de armamento, que incluye aviones, tanques, cañones, granadas, armas largas, cartuchos, lanzacohetes, bazucas, equipo de transmisión, gasolinas, uniformes, botas, cascos, ropa interior y alimentos de los 200 mil militares de la Secretaría de la Defensa y 80 mil de la Marina.

 

En el 2010, aún con el PAN en Los Pinos, México se convirtió en el segundo comprador latinoamericano de armas a la Unión Europea. El valor de las exportaciones del viejo continente a nuestro país, ascendió a 355 millones 335 mil euros, una cifra récord, desde la puesta en marcha del «Acuerdo Global con la UE» en el 2000.

Con esas operaciones, México duplicó el valor de sus compras realizadas un año antes, de 154 millones de euros y se convirtió en el segundo mayor socio armamentista de la UE en Iberoamérica, sólo después de Brasil, desplazando a dos clientes tradicionales de Europa, como eran Chile y Venezuela.

La desesperación armamentista de Calderón, hasta 2011, costó a México más de cuatro mil millones de pesos, según informes revelados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Sedena adquirió equipo militar, terrestre, aéreo, obra pública y servicios de mantenimiento relacionados con el equipo, entre el tercer trimestre de 2007 y el primer trimestre de 2011, por medio del Fideicomiso Público de Administración de Servicio y Pago de Equipo Militar.

Entre enero y marzo de 2011, ese fideicomiso registró egresos de más de 171 millones de pesos, según lo descubre el anexo sexto del informe de la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública realizado por la misma Secretaría de Hacienda. En los tres trimestres restantes del mismo año, las compras de armas a la Sedena rebasaron los ocho mil millones de pesos, que se erogaron sin licitación, al amparo de las «necesidades de seguridad nacional».

* La secrecía de la compra de armamento

De acuerdo con los manuales de la Sedena, la compra de armas y equipo bélico se depositó en manos del general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, subsecretario de la dependencia. Todas las adquisiciones se justificaron como seguridad nacional con «carácter contingente o urgente».

En tanto, la Auditoría Superior de la Federación señaló «opacidad en el manejo del dinero público», por tercera ocasión, en las cuentas de la Sedena, que no garantizaban calidad, cantidad ni precio. Sin embargo, siempre fue un secreto a voces entre los proveedores extranjeros de armas a la Sedena que pagaron cohecho en efectivo, entre el 15 y el 20 por ciento que iban a parar a las cuentas particulares de, hasta ahora, invisibles receptores.

Además de la Unión Europea, durante el gobierno de Felipe Calderón se hicieron grandes compras de equipo bélico a las compañías estadounidenses Eurosport, Llc; Colt Defense Llc; Alliant Tech Systems, Inc; Federal Laboratories an Armor Holdings, Inc; Hill country Wholesale, Inc; Mil-Spec Industries, Corp; OF Mossberg & Sons, Inc; Simith & Wesson; Winchester Division Olin, Corp.

Además, adquirieron (y se adquieren) armas de Bélgica a la Browning SA y a la Fabrique Nationale Herstal, SA; a Alemania, a Carl Walther, Gmbh; Heckler & Coch, Gmbh; de Checoslovaquia, Ceska Zbrojovka, AS; Sellier & Bellot Trade, AS; Kroko, AS; de España, Comlanber, SA; Nobel Sport España; Uee Cartuchería Deportiva, SA; y de Italia Fabbrica D´Armi Pietro Beretta, SPA, Rizzini, SRL.

Otras corporaciones se hicieron a Brasil la Forjas Taurus, SA; de Uruguay, Glock América, SA; de Turquía, Hatsan Armas Company; de Israel la Weapon Industries, LTD; de Canadá Mancom Manufacturing. En México la Cascade Cartridge International, Industrias Tecnos y Productos Mendoza, SA de CV.

El presidente Peña Nieto está obligado a reorganizar la situación interna y nacional del Ejército con inteligencia, prudencia y firmeza, porque se trata de unas fuerzas armadas que han sido queridas y respetadas por el pueblo y que Felipe Calderón estaba echando a perder.

El primer paso ya se dio con la exculpación de los generales Ángeles, Dawe y Pérez Ramírez.

* Traza Gobierno su ruta legal

En la semana, hubieron cuatro asuntos de gran importancia que, posiblemente, marcarán la ruta político-administrativa del gobierno del presidente Peña Nieto.

Primero, la actitud honesta y valiente del comisionado del IFAI, Ángel Trinidad Saldívar, que denunció a tres de los cinco integrantes del consejo a unos de perezosos, otros de ineptos y otros de corruptos, precisamente en el corazón de la transparencia nacional.

Siguió la liberación de Florence Cassez, la francesa a quien odiaba profundamente Genaro García Luna y descargó la fuerza de su venganza porque en un programa, cuando encabezaba la AFI, que era un mentiroso por el montaje durante su aprehensión. La justicia se va a privilegiar en el sexenio.

El tercer lugar la decisión del IFE de imponer cuantiosas multas a los partidos políticos que excedieron los gastos de campaña. Todos fueron sancionados.

Finalmente, la joya de la corona de lo que esperaban los medios de comunicación, se negó a Teléfonos de México, con el beneplácito de Televisa y Tv Azteca, la posibilidad de competir en la televisión abierta.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.

manuelmejido@hotmail.com